Tema 7 SVA: Las fuentes del Derecho Administrativo — Qué entra y cómo estudiarlo

El Tema 7 no se aprueba memorizando una lista de leyes. Lo que pregunta el examen es si sabes cómo se ordena el poder normativo y hasta dónde puede llegar la Administración sin saltarse las reglas. Con esa lógica montada, el resto del bloque de Organización del Estado se estudia mucho más rápido.

Abajo tienes qué entra de verdad, cómo funciona la jerarquía de las normas y en qué puntos se pierde la gente con la terminología jurídica. Si quieres el plan de estudio del bloque completo, empieza por la guía de estudio de Organización del Estado.

Las fuentes del Derecho Administrativo

Para empezar, hay que tener claro qué estamos estudiando. El Derecho Administrativo es el conjunto de normas de Derecho Público interno que regulan cómo se organizan y cómo actúan las Administraciones Públicas. No es algo aislado; forma parte del ordenamiento jurídico general de España.

Cuando hablamos de "fuentes", nos referimos al origen de las normas. El Código Civil, en su artículo 1, ya fija las fuentes del ordenamiento español: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. En el Derecho Administrativo manda la fuente escrita.

Podemos dividir las fuentes en dos grandes grupos:

• Fuentes directas: Son aquellas que se aplican de forma inmediata, sin necesidad de que nadie las interprete para que tengan validez. Aquí entran las fuentes escritas (Constitución, leyes, reglamentos, etc.) y las fuentes no escritas (la costumbre y los principios generales del derecho).
• Fuentes indirectas: Aquí es donde entran la jurisprudencia y la doctrina. No crean la norma en sí, pero ayudan a entender cómo se aplica.

Ojo al dato: En nuestro sistema, la costumbre solo se usa si no hay una ley aplicable, y los principios generales solo entran en juego si no hay ni ley ni costumbre. La prioridad siempre es la norma escrita.

La jerarquía de las fuentes

Este es el concepto que más suele confundir en los exámenes. Las normas no valen todas lo mismo; existe una pirámide de mando. Si una norma inferior contradice a una superior, la superior gana. El orden que debes memorizar para el SVA es este:

1. Constitución Española (la cima absoluta).
2. Tratados internacionales (siempre que estén publicados en el BOE).
3. Leyes (tanto Orgánicas como Ordinarias, incluyendo Decretos-Ley y Decretos Legislativos).
4. Reglamentos (aprobados por el Gobierno, como los Reales Decretos o las Órdenes ministeriales).
5. Disposiciones de autoridades inferiores, según su jerarquía interna.

La jurisprudencia, la costumbre y los principios generales ocupan una posición subordinada a estas normas escritas.

La Constitución

La Constitución de 1978 no es una norma más: es la norma fundamental y la fuente suprema del ordenamiento. Todo lo demás tiene que encajar con ella. Para el SVA hay tres aspectos que conviene tener claros:

1. Aplicabilidad directa y general: La Constitución se aplica de forma inmediata. No necesitas que una ley intermedia diga "aplica la Constitución" para poder invocarla ante un tribunal. El Artículo 53.1 establece que los derechos y libertades (del Capítulo II) vinculan a todos los poderes públicos. Esto significa que la Administración no puede actuar de cualquier forma; tiene que respetar esos derechos fundamentales.

2. El marco de valores: El Artículo 1 de la Constitución define a España como un Estado social y democrático de derecho. Esto no es solo filosofía; son los valores que deben guiar la interpretación de todas las leyes: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

3. Supremacía y control: La Constitución tiene una "superlegalidad" tanto formal como material. Esto significa que para cambiarla se necesita un proceso muy complejo (regulado en su Título X) y que cualquier ley que la contradiga puede ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, que actúa como un "legislador negativo".

El Reglamento

El reglamento es la herramienta de trabajo diaria de la Administración. Se define como una disposición jurídica de carácter general y con un valor subordinado a la ley. El Artículo 97 de la Constitución es el que le da el poder al Gobierno para dictar estos reglamentos.

Para el examen, debes distinguir muy bien entre los límites de esta potestad y los tipos de reglamentos que existen.

Límites de la potestad reglamentaria

El Gobierno no puede hacer lo que quiera con los reglamentos. Tiene límites claros:

• Límites formales:
  • Competencia: Solo el Gobierno puede dictar reglamentos estatales. Los municipios y provincias tienen los suyos (en Pleno) y las comunidades autónomas también (en sus Consejos de Gobierno).
  • Subordinación a la ley: El reglamento solo puede desarrollar lo que la ley ya ha previsto. No puede saltarse la "reserva de ley".
  • Jerarquía: Un Real Decreto del Presidente es superior a una Orden Ministerial.
  • Procedimiento: Tienen que seguir los pasos legales para su elaboración.
  • Irretroactividad: No pueden aplicarse hacia el pasado para perjudicar a nadie, salvo excepciones legales.
• Límites sustanciales: Deben respetar siempre la Constitución, los derechos fundamentales y los principios generales del Derecho.

Control de legalidad y tipos de reglamentos

¿Qué pasa si un reglamento es ilegal? El artículo 47.2 de la Ley 39/2015 lo resuelve: las disposiciones que vulneren la Constitución, las leyes o que regulen materias reservadas a la ley son nulas de pleno derecho. Esa nulidad puede declararla de oficio la propia Administración tras un dictamen del Consejo de Estado.

En cuanto a su clasificación, los reglamentos que te pueden preguntar son:

1. Reglamentos ejecutivos: Desarrollan una ley previa. Necesitan dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo correspondiente.
2. Reglamentos independientes: No desarrollan una ley, sino que regulan materias de organización o relaciones especiales de sujeción.
3. Reglamentos de necesidad: Son extraordinarios y sirven para gestionar situaciones de emergencia, excepcionando temporalmente leyes formales.

El acto administrativo

Aquí es donde muchos opositores se confunden. No confundas un reglamento con un acto administrativo. Mientras que el reglamento se dirige a un grupo indeterminado de personas (es general), el acto administrativo tiene destinatarios identificables.

El acto es cualquier declaración de voluntad, deseo, juicio o conocimiento que realiza la Administración en ejercicio de sus potestades.

Clases de actos administrativos

Para no perderte, clasifica los actos según estos criterios:

• Por su extensión: Pueden ser generales o concretos.
• Por su capacidad decisoria: Actos de trámite (pasos intermedios) o resoluciones/actos definitivos.
• Por sus facultades: Reglados (la ley dice exactamente qué debe hacer la Administración) o discrecionales (la Administración tiene cierto margen de elección).
• Por su forma de producción: Pueden ser expresos (escritos o verbales), tácitos o presuntos.
• Por sus efectos jurídicos: Negocios jurídicos (favorables o de gravamen), actos constitutivos o declarativos.

Elementos esenciales para la validez

Para que un acto sea válido y no te lo puedan anular, debe cumplir con cinco elementos:

1. Elemento subjetivo: Que lo dicte el órgano competente y que el titular sea el correcto.
2. Elemento objetivo: Que el contenido sea una declaración de voluntad, conocimiento o juicio clara.
3. Elemento causal: Que exista una razón concreta que justifique el acto y que esté alineada con el interés público.
4. Elemento formal: Que se haya seguido el procedimiento administrativo correcto.
5. Elemento material: Aunque el material no se detalle explícitamente en todas las fuentes, su validez depende de que los anteriores se cumplan.

Eficacia y validez: la diferencia que te salvará el examen

No es lo mismo que un acto sea válido a que sea eficaz. Un acto es válido cuando cumple con todos sus elementos. Si no los cumple, puede ser nulo (si falta algo esencial o viola la jerarquía) o anulable (si tiene defectos de forma o competencia que pueden subsanarse).

La eficacia, en cambio, tiene que ver con cuándo empieza a producir efectos. Normalmente es desde que se dicta, pero puede ser demorada si el acto necesita ser notificado, publicado o aprobado por un órgano superior para que surta efecto.

Cómo estudiar el Tema 7: Estrategia para el SVA

Este tema es denso y tiene mucha terminología que puede parecer similar. Si intentas memorizarlo todo de golpe, vas a fallar. Aquí te doy mi consejo de opositor:

1. Prioriza la jerarquía: Antes de entrar en detalles de actos o reglamentos, tienes que tener la pirámide de las fuentes grabada en la cabeza. Si no entiendes quién manda sobre quién, no entenderás por qué un reglamento es nulo o por qué un acto es ilegal.

2. Diferencia conceptos clave: El examen te va a intentar pillar con la diferencia entre reglamento y acto administrativo, o entre nulidad y anulabilidad. Haz esquemas comparativos como el de la tabla de arriba.

3. No ignores la Constitución: Muchos alumnos pasan de la parte constitucional para ir directo a lo "administrativo". Error. La Constitución es la base de la jerarquía y de los límites de la potestad reglamentaria. Si entiendes el Art. 97 y el Art. 9.1, el resto del tema fluye solo.

4. Relaciónalo con la práctica: Cuando leas sobre la notificación electrónica o los actos presuntos, piensa en cómo se gestionan las convocatorias oficiales. Puedes consultar ejemplos reales en la sede de la Agencia Tributaria para ver cómo se aplican estos conceptos en la práctica.

Si sientes que te falta base en otras áreas, no olvides revisar nuestra guía para estudiar Derecho Tributario, ya que los conceptos de administración y actos se cruzan constantemente.

Errores comunes al estudiar este tema

Tras revisar muchos casos de alumnos, estos son los fallos que más penalizan en el examen del SVA:

• Confundir la fuente con el órgano: No es lo mismo la fuente (la Ley) que el órgano que la dicta (las Cortes Generales).
• Pensar que la costumbre es una fuente principal: Recuerda que en España la costumbre es residual; solo actúa si no hay ley.
• No distinguir entre actos de trámite y actos definitivos: Un acto de trámite no agota la vía administrativa, mientras que una resolución definitiva sí puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
• Olvidar la motivación: Un acto administrativo debe estar motivado (explicar las razones que lo justifican). Un acto sin motivación es un error grave de la Administración.